Con el objetivo de apresurar la salida de los últimos agentes civiles de la corporación, o por lo menos retirarlos de las calles, la Guardia Nacional (GN) puso en marcha un programa de retiro voluntario en el que ofrece “compensación económica” a estos elementos, a cambio de renunciar definitivamente al cargo. Los que no aceptan son reasignados —de forma obligatoria— a otras áreas distintas a las de patrullaje y prevención.

Documentos internos a los que Animal Político tuvo acceso muestran que, en un solo día, 600 efectivos que estaban en labores de vigilancia en las calles fueron reubicados a otras áreas de la corporación. En tanto, miles fueron trasladados a la Ciudad de México para ser exhortados a adherirse al programa de retiro voluntario y, mientras eso ocurre, permanecen congelados. Policías militares reclutados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) son los responsables de asumir sus funciones.

Esto sucede pese a que, por definición constitucional, la GN es una institución civil, y a que instancias como la ONU o Amnistía Internacional han pedido frenar la militarización de las tareas de seguridad pública.

“Nos han tenido por días en el centro de mando de Iztapalapa, sentados en las gradas, sin hacer nada, cumpliendo el turno ahí sentados por ocho o hasta 16 horas. Esperan que les digamos que nos queremos adherir al retiro. Es desesperante y denigrante para nosotros”, dijo uno de los agentes, quien entregó a este medio videos de las condiciones en que los tienen en las gradas.

Animal Político buscó a la GN y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para conocer los motivos de estos movimientos, así como las razones por las cuales no se ha reclutado a civiles sino solo a elementos provenientes de las Fuerzas Armadas, pero al igual que en ocasiones anteriores, no se ha proporcionado respuesta.

El año pasado, por instrucciones de los generales que la dirigen, la GN puso en marcha una estrategia para sustituir con policías militares a los expolicías federales transferidos originalmente a esta corporación y que estaban a cargo de las tareas de patrullaje en vías federales y de seguridad en casetas, puertos y aeropuertos. Las acciones ordenadas en los últimos días forman parte de la fase final de este programa.

El 18 de abril, a través del oficio GN/DGSE/7585/2022, se informó a los coordinadores de batallón del país que, por instrucción del general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la GN, se había puesto en marcha el Programa de Separación Voluntaria para el personal de carrera, justamente, los agentes de la extinta Policía Federal que pasaron a la GN.

Para tal efecto, se ordenó a dichos mandos “brindar todas las facilidades necesarias” para el traslado de los agentes interesados a la CDMX, con el fin de comenzar con los trámites de separación de la corporación. El procedimiento, dividido en seis etapas, comenzó con la invitación a todos los agentes civiles para adherirse a dicha separación. Junto con ese oficio, se anexa el modelo de carta ya redactada que cada agente debe firmar, donde acepta separarse de la GN a cambio del “pago de una compensación económica”.

Agentes de la corporación señalaron a este medio que fue a través de mensajes de texto y de una videoconferencia por Zoom como sus mandos les hicieron saber de la puesta en marcha de este procedimiento y, aunque es una separación voluntaria, a muchos se les ordenó trasladarse a la CDMX aun sin haber aceptado adherirse a dicha iniciativa.

“Algunos tenemos 10 o 15 años aquí, esto es lo que sabemos hacer. Nos quieren ahora sacar y truncar una carrera y no nos conviene. Primero, porque la compensación que quieren ofrecer no es acorde a lo que deberíamos de recibir, pero sobre todo porque para muchos de nosotros ya es complicado, por nuestra edad, conseguir otro trabajo”, dijo uno de los policías, quien pidió no revelar su nombre pues tiene órdenes superiores de no dar declaraciones.

Por ley, estos exfederales tienen derecho a permanecer en la corporación siempre que cumplan con sus obligaciones y superen las pruebas de control de confianza que periódicamente se les aplican. Al cumplir 33 años de trabajo, tienen derecho a una jubilación y el pago de una pensión, beneficios que perderían en caso de adherirse a la separación voluntaria que se les está ofreciendo.

De acuerdo con autoridades federales, son pocos los elementos que han aceptado esta estrategia, por lo que se les ha pedido a los seis coordinadores de batallones del país insistir a los agentes en esta opción, con la instrucción definitiva de que ya no podrán continuar realizando patrullajes ni acciones operativas de vigilancia, pues esas labores quedan a cargo de los policías militares.

El 16 de febrero, Animal Político dio a conocer que la GN había transferido a 101 de sus agentes civiles destinados a los patrullajes en carreteras e instalaciones a la Coordinación Nacional Antisecuestro. Lo hizo de forma automática y grupal, sin que previamente se realizara un análisis de si contaban con el perfil para ello o sin darles una capacitación especial . Los movimientos de esta naturaleza han seguido incrementando.

Por ejemplo, el pasado 9 de abril, más de 600 guardias civiles que estaban abocados a labores de patrullaje fueron removidos de esas funciones por órdenes superiores. En oficios firmados por el general Rodríguez Bucio, se instruyó al comandante de la Dirección de Seguridad en Carreteras e Instalaciones la reasignación de dichos efectivos.

En el oficio GN/S.P./SsPC/0863/2022, se instruyó la reasignación inmediata de 32 agentes que estaban en las calles en labores de patrullaje a la Dirección General Antidrogas; en el oficio GN/S.P./SsPC/0859/2022, se ordena la transferencia de 464 elementos a la Dirección General de Servicios Especiales; en el oficio GN/S.P./SsPC/0874/2022, se instruye la reasignación de 64 elementos a la Dirección General de Inteligencia, y en el oficio GN/S.P./SsPC/0861/2022, se ordena el traslado, de forma similar, de 67 guardias civiles a la Dirección General de Investigación.

Oficios similares se han continuado emitiendo en las últimas semanas, con la reasignación de elementos a otras direcciones como la Científica o la de Seguridad Procesal, o con invitaciones para abandonar definitivamente la institución y ser ubicados en distintas áreas de la SSPC como, por ejemplo, el Servicio de Protección Federal, la Coordinación Nacional Antisecuestro o la Dirección General de Protección Civil.

Ninguno de estos movimientos ha sido detallado ni explicado públicamente por la GN o la SSPC. Tampoco las razones de ello. En las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador donde una vez al mes se abordan temas de seguridad, el general Rodríguez Bucio y el titular de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, solo dan cuenta del estado de fuerza total de la corporación, que asciende a más de 100 mil efectivos, pero no de estos cambios.

Pero según elementos de la corporación, lo que los mandos les han explicado es que estas reasignaciones tienen la finalidad de preparar la transición administrativa y operativa de la GN a la Sedena. Un movimiento que el presidente ya ha anunciado y que requeriría una nueva modificación a la Constitución. 

Datos oficiales que Animal Político ha documentado en los tres años de existencia de la GN prueban que, aun cuando en la Constitución se estableció que era una corporación civil, en los hechos se ha avanzado siempre hacia su crecimiento y consolidación militar. El reclutamiento se ha realizado con efectivos provenientes del Ejército y la Marina desde el primer momento.

Al cierre de enero pasado, de los 102 mil 312 elementos que conformaban la GN, 62 mil 284 eran elementos pertenecientes y contratados por el Ejército y 17 mil 792 eran de la Marina. Solo 23 mil 236 efectivos, la quinta parte del estado de fuerza, eran agentes civiles que pertenecían a la extinta Policía Federal.

Desde el año pasado, los altos mandos de la GN (todos ellos militares) decidieron poner en marcha un programa de relevos para ir sustituyendo a dichos agentes civiles —concentrados en patrullajes y vigilancias de vías y zonas federales— por efectivos de la Policía Militar. Una estrategia de cuatro fases que se prevé concluya a finales de julio.

De forma paralela a la GN, destaca el hecho de que en el actual sexenio se ha registrado la mayor movilización de elementos de las Fuerzas Armadas convencionales en apoyo a las tareas de seguridad pública de la que haya registro. Datos de la Sedena obtenidos por transparencia sitúan en más de 80 mil los soldados del Ejército desplegados en la calle, cumpliendo funciones de policía, una cifra récord.

El pasado 12 de abril, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU hizo un llamado oficial al gobierno de México para que abandone la ruta de militarización de la seguridad pública por la que ha optado, tras advertir que ello representa un serio riesgo a los derechos humanos. En cambio, le pidió fortalecer a las corporaciones civiles.

Se trata de una petición que ha sido reiterada por otras organizaciones como Amnistía Internacional, la cual ha advertido que el involucramiento permanente de las Fuerzas Armadas en seguridad viola convenios internacionales que México está obligado a respetar, y en los que establece que esto debería ser solo un recurso excepcional.

Apenas el pasado 27 de abril, un elemento de la GN se vio involucrado justamente en un caso de abuso de la fuerza y violación grave a los derechos humanos, luego de que, sin mediar provocación, disparó contra estudiantes de la Universidad de Guanajuato . Mató a uno de ellos y dejó lesionada a su compañera.

Ester Villalobos tiene 27 años y es madre de una niña de 6.

Vive en Tijuana, México, pero trabaja en San Ysidro, una localidad fronteriza de San Diego, Estados Unidos.

“Cada mañana y tarde cruzo con mi moto”, le cuenta a BBC Mundo un mediodía caluroso de marzo frente a su trabajo a metros del boulevard San Ysidro, la calle principal de esta ciudad que alberga pequeños negocios familiares, casas de cambio y de empeño que atienden a clientes de ambos lados de la frontera.

“A veces tardo 40 minutos en la línea, otras 5 horas”, dice.

La línea es lo que los locales llaman al paso fronterizo de la Garita Internacional de San Ysidro, el más occidental entre México y Estados Unidos y por donde se calcula que cruzan casi 100.000 personas a diario, 60.000 de ellas para trabajar.

Se trata del cruce con mayor circulación del país.

La frontera entre Estados Unidos y México suele ser noticia por el muro que la divide y por los migrantes que intentan cruzarlo. Pero en el extremo oeste de esos casi 3.200 kilómetros, también convive una comunidad que está en constante interacción.

“Es una ciudad flotante”, define David Shirk, jefe del departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Diego (USDC), California.

“Miles de personas cruzan para hacer sus compras, ir a la escuela, trabajar… es una ciudad pequeña que cruza la frontera a diario porque es una sola economía que intercambia consumidores, trabajadores e inversionistas”, añade.

“Somos una región binacional e inseparable. Tenemos lo mejor de México y lo mejor de Estados Unidos en la misma esquina”, asegura, por su parte, Jason Wells, que nació en Chicago hace 48 años, pero que vivió entre Tijuana y San Diego casi los últimos 30.

Wells, que está al frente de la Cámara de Comercio de San Ysidro, cruza varias veces a la semana a Tijuana para hacer compras, por citas médicas, para llevar a los perros al veterinario o simplemente para comer unos tacos de birria (carne de borrego con una salsa de chiles y especies), típicos de la ciudad mexicana.

Pero más allá de los beneficios del tipo de cambio entre el dólar y el peso mexicano para quienes ganan en moneda estadounidense, a nivel macroeconómico esta zona fronteriza tiene un componente particular.

Funciona como una región económica integrada binacional habitada por unos 7 millones de personas y aunque una línea los divide, ambos lados dicen que trabajan juntos desde hace décadas para salir a competir globalmente como una unidad bajo el nombre de Cali Baja.

Cali Baja surge de la fusión entre los nombres del estado de California (EE.UU.) y el estado de Baja California (México).

La región la componen los condados de San Diego y Valle Imperial del lado estadounidense y los cinco municipios de Baja California del lado mexicano: Tijuana, Tecate, Mexicali, Playas de Rosarito y Ensenada.

Cali Baja tiene un Producto Interno Bruto (PIB) regional de US$250.000 millones y flujos comerciales transfronterizos estimados en US$70.000 millones, señala el informe de 2022 The Cali Baja Regional Economy (“La economía regional de Cali Baja”), de la USDC.

Las principales industrias son la manufacturera audiovisual, el equipamiento médico, la producción de muebles, herramientas, semiconductores y otros componentes electrónicos, instrumentos musicales y la industria aeroespacial.

La región también cuenta con grandes zonas agrícolas, una industria turística y puertos importantes para el comercio con Asia y otras partes del mundo.

Según explica el profesor Shirk, Cali Baja se beneficia, por un lado, de la capacidad de producción y de la competitividad del salario que ofrece México y por el otro, de la eficiente administración de cadenas de suministro para la exportación y la capacidad de venta de Estados Unidos.

“La combinación de las dos economías es algo especial y no se encuentra fácilmente”, analiza.

Cali Baja no cuenta con mediciones de inversión y exportación regionales, pero existen cifras de ambos lados de la frontera que dan una idea de su impacto.

Los ocho grupos principales de la industria manufacturera binacional representan aproximadamente 52.000 puestos de trabajo en San Diego y el Valle Imperial y 177.500 empleos en Baja California, dice el informe de la USDC, con datos de 2018.

Colectivamente, estas industrias generaron el 7% del PIB de la región.

El área de San Diego y Valle Imperial aportó un valor agregado (es decir, la utilidad adicional que adquieren los bienes y servicios tras ser transformados en el proceso productivo) de US$14.900 millones, esto significó unos US$287.500 por trabajador.

Mientras que en la zona de Baja California, el valor agregado generado fue de US$2.200 millones, representando US$12.250 por empleado.

Por otra parte, la inversión extranjera directa en Baja California en 2020 fue de US$1.106 millones, según datos del Ministerio de Economía de México.

Además, el capital de riesgo que fluye hacia San Diego aumentó considerablemente en los últimos años y superó los US$2.000 millones trimestrales a mediados de 2021, principalmente en biotecnología y productos farmacéuticos.

Y la región también se beneficia de los incentivos que ofrece México.

“Cuando salimos a promover ofrecemos todo tipo de industria, pero la que más ha crecido es la industria maquiladora“, dice Kurt Honold, secretario de Economía e Innovación del estado de Baja California, México.

La maquiladora es un tipo de línea de producción en México, y especialmente en Tijuana, cuyos capitales suelen ser extranjeros. La empresa importa materia prima sin ningún tipo de arancel para fabricar un determinado producto y luego lo exporta.

Las maquiladoras surgieron a mediados del siglo XX en México como una forma de fomentar la inversión extranjera y combatir el desempleo en el país, aunque este modelo presenta numerosas críticas sobre explotación laboral.

La organización CaliBaja Bi-national Mega-Region comenzó como una iniciativa de varios empresarios y cámaras de comercio de San Diego, Valle Imperial y Tijuana. Más tarde se sumaron otros actores.

Se trató de una estrategia de marketing-económica que empezó a operar en 2010, pero la idea de una región binacional se venía gestando e incluso aplicando en los hechos desde la década de 1980 por las industrias maquiladoras en el lado mexicano y tras el crecimiento de la población del suroeste de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial.

“Yo no lo pienso dos veces antes de subirme a mi auto y cruzar al otro lado de la frontera para encontrarme con alguien para hacer negocios”, dice Timothy Kelley, presidente y director ejecutivo de Imperial Valley Economic Development Corporation en Estados Unidos.

“Somos una región única porque tenemos oportunidades binacionales para ofrecer. Armamos una organización para atraer inversiones y quisimos crear una iniciativa para que a nivel nacional y global, conozcan y miren a la región de una manera diferente y no como subregiones”, añade Kelley, que es miembro fundador de CaliBaja Bi-national Mega-Region.

“La gente que vive en esta región es bicultural, binacional y bilingüe. Queremos asegurarnos de que se entienda que se pueden hacer negocios en los dos países al mismo tiempo”, enfatiza a BBC Mundo.

Del otro lado de la frontera resaltan también esta especial interdependencia económica y social de sus comunidades.

“Si a ellos les da una gripa a nosotros también nos da una gripa. Somos iguales, entonces hemos decidido trabajar juntos, sobre todo en la economía, para salir a promocionar la región”, dice Honold.

“En Cali Baja no existen las fronteras. Una línea nos divide, pero no la vemos”, añade.

Lo cierto es que el concepto de Cali Baja se popularizó entre los círculos económicos de ambos lados del borde, aunque la actividad no esté directamente asociada a la organización que funciona bajo ese nombre.

“La gente usa la palabra Cali Baja como parte de la lengua vernácula regional y eso es bueno”, analiza Christina Luhn, asesora en política comercial que fue miembro fundadora de la organización Cali Baja Bi-national Mega-Region.

Existen varios sectores en la larga frontera entre EE.UU. y México donde también sus comunidades interactúan y se relacionan económicamente de manera binacional, como el caso de El Paso-Ciudad Juárez; pero no albergan a tantas personas ni sus industrias están tan interrelacionadas como la fusión que existe en Cali Baja.

La región Cali Baja trae consigo puntos a favor y en contra.

“Hay aspectos positivos y negativos. Cuando los pones todos juntos, los positivos aumentan y los negativos disminuyen”, dice Kelley.

Según él, una ventaja fundamental es la diversidad tanto en las industrias que ofrece la región como en la población que la conforma.

“Más allá de la frontera, la mayoría de la gente no se da cuenta de la importancia que tiene México en nuestro país”, afirma el estadounidense.

Para el secretario de Economía e Innovación del estado de Baja California, Kurt Honold, los beneficios de la región binacional son múltiples.

“Trabajamos juntos para resolver problemas porque cuando se crea un trabajo en México, también se genera otro en California. La conjunción de las fuerzas nos ayuda a atraer más inversión a los dos lados de la frontera”, afirma.

Según las fuentes consultadas, es difícil medir la efectividad de este tipo de asociaciones regionales binacionales.

“Cuando la gente me preguntaba: ‘¿cómo sabremos si esto tendrá éxito?’, yo respondía: ‘pregúntame de nuevo en 50 años’. El desarrollo económico es una apuesta a largo plazo“, detalla Christina Luhn.

Pero algunos de los entrevistados dicen que el ejemplo claro de éxito en Cali Baja es el puente binacional Cross Border Xpress (CBX) que se inauguró en 2015.

Se trata de una terminal aeroportuaria ubicada en el área de Otay Mesa, al este de San Ysidro, del lado estadounidense, que con un puente de acceso se conecta con el Aeropuerto Internacional de Tijuana. Esto convierte a este último en un aeropuerto geográficamente binacional.

“Algunos levantan muros, otros construimos puentes”, opina Kenia Zamarripa, directora Ejecutiva de Negocios Internacionales de la Cámara regional de Comercio de San Diego, en referencia al muro fronterizo entre Estados Unidos y México.

El endurecimiento de las medidas migratorias durante el gobierno de Donald Trump produjo también un efecto en Cali Baja, aunque tuvo aparentes vetas positivas.

“Tuvimos piedritas que hicieron que se pusiera un poco más duro para gente buena que llegaba a México y que buscaba cruzar a Estados Unidos para alcanzar el sueño americano”, analiza Honold, del gobierno de Baja California, que destaca que esos migrantes permanecieron en el país aumentando la capacidad laboral.

Una de las dificultades que enfrenta Cali Baja para potenciar sus negocios es justamente la frontera que la divide.

Varios de los entrevistados coinciden en el reclamo a los gobiernos federales para agilizar el cruce tanto de peatones como de autos y camiones en los cinco pasos fronterizos que tiene Cali Baja: cuatro terrestres (San Ysidro-Tijuana, Otay Mesa-Tijuana, Tecate-Tecate y Calexico-Mexicali) más el puente CBX.

“Necesitamos tener un buen flujo de personas y bienes para cruzar la frontera. Esto va a beneficiar tanto a México como a Estados Unidos”, asegura Kelley del Valle Imperial.

Kurt Honold coincide con la demanda de tecnología para agilizar el cruce que suele verse congestionado: “Muchos de los trabajadores son estadounidenses o tienen su permiso para poder trabajar en Estados Unidos. Ese dinero que ganan lo gastan del lado mexicano y viceversa”.

Cali Baja enfrenta también problemas ambientales con la contaminación del río Tijuana que suele perjudicar las playas de San Diego, muchas veces provocando sus cierres.

“Trabajamos juntos para buscar la manera de resolverlo porque son temas binacionales, calibajianos, que nos afectan a los dos”, describe el funcionario de México.

Y desde el punto de vista académico, David Shirk dice que hace falta capacitar a los trabajadores.

“En el lado estadounidense hay una falta trágica de personas que hablen español. No invertimos en educar a nuestros estudiantes anglo para que puedan aprovechar la región binacional”, opina.

Representantes de Cali Baja se reúnen bimestralmente para trabajar en mejorar la región y también hacen viajes anuales a Ciudad de México y Washington para plantear a los gobiernos federales problemas que tienden a ser únicos en ese rincón de la frontera.

“Es una comunidad transfronteriza y es difícil de entender. Por ejemplo, en Washington no comprenden que somos interdependientes. Nuestro primer obstáculo como región es la falta de entendimiento de cómo funcionan las regiones fronterizas”, analiza el profesor de la Universidad de San Diego.

Ester Villalobos dice que le encanta vivir en un país y trabajar en el otro.

“No hay rivalidad entre la gente en la frontera. Hay mucha empatía”, afirma.

Su jefe, Mike Mattia, es estadounidense y no habla español, pero apostó por abrir su negocio de franquicia de una empresa de transporte de paquetes en San Ysidro en noviembre de 2020, en plena pandemia.

“Solo contrato gente local”, dice y cuenta que tres de sus cuatro empleados viven en Tijuana y cruzan la frontera a diario para trabajar.

“Este es un lugar especial, aquí la gente es muy inteligente y hábil. La comunidad entiende la frontera y sus necesidades”, asegura.

La alta renta y las dificultades para acceder a una vivienda en San Diego hace que la mayoría de los habitantes de esta región transfronteriza viva en Tijuana y trabaje del lado estadounidense.

BBC Mundo cruzó la frontera caminando para buscar cómo Cali Baja se ve y vive del otro lado de la línea.

En esa zona del cruce de San Ysidro, el alto muro de metal está incompleto y la gente forma fila para cruzar de un lado hacia otro como si fuese una cola para el banco o el supermercado.

Miguel Marshall es un joven sandieguino que eligió vivir e invertir en Tijuana. Cuenta que es la quinta generación de una familia binacional.

“Mis raíces son de Tijuana. Tengo negocios aquí y estoy pensando en emprender en San Diego”, dice Marshall que es desarrollador inmobiliario urbano y emprendedor gastronómico que apuesta en Cali Baja.

“En Tijuana soy feliz, somos una multiregión y la comida es una fusión de los dos lados”, describe.

Kenia Zamarripa también vive en Tijuana y cruza todas las semanas a San Diego para trabajar en la Cámara de Comercio regional de esa ciudad.

“Somos una comunidad dividida en dos por una línea”, detalla.

“A veces siento que no soy del todo mexicana, ni tampoco del todo estadounidense. Yo nací en EE.UU., pero me siento migrante. Hay una crisis de identidad”, describe.

“Pero a mí me gusta así, porque tengo las dos cosas de los dos lados”.

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